Siete predios requeridos para la construcción del intercambiador vial La Carolina fueron declarados de utilidad pública e interés social a través del decreto 0303 del 21 de julio de 2026, expedido por la Alcaldía de Cartagena. La medida cobija los inmuebles necesarios para una de las obras de infraestructura vial contempladas en el Plan de Desarrollo Distrital.
El decreto declara la existencia de condiciones especiales de urgencia, lo que habilita al Distrito para acudir a la expropiación por vía administrativa en los casos en que no sea posible llegar a acuerdos mediante negociación voluntaria con los propietarios de los siete inmuebles identificados.
La advertencia de Dumek
"La ciudad no puede seguir perdiendo tiempo esperando que unos pocos frenen proyectos que benefician a cientos de miles de cartageneros. Nuestro deber es garantizar que las grandes obras se ejecuten y que el interés general prevalezca, siempre respetando el debido proceso y los derechos de los propietarios", afirmó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.
La congestión en La Carolina y Ternera
El intercambiador está proyectado sobre la transversal 54, corredor por el que, según la Alcaldía, confluyen a diario vehículos provenientes de Cartagena, Turbaco y otros municipios del norte de Bolívar. De acuerdo con estudios citados por la Secretaría de Planeación, los sectores de La Carolina y Ternera registran velocidades promedio cercanas a los 10 kilómetros por hora en horas pico.
De igual forma los niveles de congestión que según esos estudios alcanzarían el 82%, lo que representaría hasta 13 días al año perdidos en trancones para una persona que transite habitualmente por la zona. Estas cifras corresponden a proyecciones de la propia Administración y están pendientes de verificación independiente.
¿Qué pasará con los propietarios de los predios afectados?
Según el decreto, la declaratoria de utilidad pública no se limita a los siete predios, sino que también abarca las mejoras, servidumbres y demás derechos necesarios para la ejecución de las obras principales, los accesos y las redes de servicios públicos asociadas al proyecto.
La Alcaldía indicó que la adquisición de los inmuebles priorizará la negociación directa con los propietarios. Solo en los casos en que no sea posible alcanzar un acuerdo, por falta de voluntad o por agotarse las etapas de negociación previstas en la ley, el Distrito podrá recurrir a la expropiación administrativa, con fundamento en las leyes 9 de 1989, 388 de 1997 y 1682 de 2013. En esos casos, cada inmueble deberá ser objeto de un acto administrativo individual.