La Procuraduría General de la Nación advirtió la vigilancia que hará sobre el futuro de los servicios públicos de Cartagena y pidió a las autoridades distritales garantizar la continuidad y calidad del agua, el aseo y el alcantarillado ante la eventual implementación de un nuevo modelo de prestación.
La advertencia se conoce mientras el Concejo Distrital continúa estudiando el Proyecto de Acuerdo 116 de 2026, iniciativa presentada por el alcalde Dumek Turbay que plantea la creación de una Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P., que asumiría la prestación del acueducto y alcantarillado.
El proyecto contempla una empresa con participación del Distrito y un patrimonio inicial de diez mil millones de pesos, además de facultades para que el alcalde adelante durante un año las actuaciones necesarias para reorganizar la prestación de estos servicios.
¿Qué garantías pide la Procuraduría?
Ante este escenario, la Procuraduría Regional de Bolívar anunció una vigilancia especial dentro de sus acciones preventivas para hacer seguimiento a la prestación de los servicios durante el proceso.
El organismo de control pidió que cualquier modificación del modelo esté respaldada por estudios que permitan establecer, de manera objetiva, que el nuevo esquema es la mejor alternativa para la ciudad. En particular, solicitó que se tengan en cuenta análisis amplio sobre la creación de esta empresa
“El Ministerio público enfatizó en la necesidad de conocer las razones técnicas, jurídicas, financieras, patrimoniales, ambientales y de gestión del riesgo que demuestren objetivamente que el nuevo esquema constituye la mejor opción para la ciudad”, detalló la entidad.
La Procuraduría pide priorizar al usuario
Uno de los principales puntos de atención del Ministerio Público está relacionado con el posible impacto que el cambio de modelo pueda tener sobre las tarifas que pagan los usuarios.
Por esta razón, la Procuraduría pidió información sobre las medidas que se adoptarían para proteger a los ciudadanos durante una eventual transición institucional y garantizar que no se afecten los mecanismos de atención.
Entre los aspectos sobre los que solicitó claridad están la recepción de quejas y reclamos, la facturación, el recaudo y la atención de emergencias.
Otras voces que también piden garantías
La preocupación se suma a las inquietudes expresadas durante las discusiones en el Concejo. Mientras varios concejales respaldaron la creación de la empresa oficial, también hubo llamados a establecer con claridad cómo funcionaría el nuevo esquema.
“Nosotros tenemos que tener claro cómo se administraría la nueva empresa de servicios públicos, cuál sería el tipo de gobierno que tendría, cuáles serían los fundamentos jurídicos que no nos dejarían en una crisis peor de la que estamos enfrentando”, precisó el concejal Armando Córdoba, de la Alianza Verde.
Ahora, con la intervención de la Procuraduría, el futuro del modelo tendrá además un seguimiento preventivo del Ministerio Público, que busca que cualquier decisión sobre la prestación de los servicios se adopte sin poner en riesgo los derechos de los usuarios ni el manejo de los recursos públicos. El Proyecto de Acuerdo 116 de 2026 continuará su trámite en el Concejo de Cartagena, donde seguirá siendo discutido antes de que se tome una decisión definitiva sobre la creación de la nueva empresa oficial.