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Procuraduría pone bajo la lupa a exalcalde de Barranco de Loba, Bolívar: esta es la razón

El ente busca esclarecer irregularidades en la construcción de una celda de disposición final de residuos sólidos.

Tomado de web procuraduria.gov.co Espacio para disposición de residuos - imagen de referencia Procuraduría

Un nuevo proceso disciplinario salpica a la administración pública en el sur de Bolívar. Recientemente, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde del municipio de Barranco de Loba, Manuel Esteban Ramos Bayter, tras detectar posibles irregularidades en la planeación, ejecución y pagos de un contrato destinado a la construcción de un espacio para la disposición final de residuos sólidos.

La determinación disciplinaria "también cobija al exsecretario de Planeación y Obras Públicas y supervisor del contrato" en 2023, Daniel Vásquez Ayala.

El proceso del ente de control busca esclarecer las inconsistencias halladas en el convenio destinado a la construcción de una celda de disposición final de residuos sólidos en esa localidad del sur del departamento.

Planeación, ejecuciones y desembolsos bajo la lupa

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación se enfoca en determinar "posibles inconsistencias relacionadas con la disponibilidad jurídica del predio, la falta de estudios técnicos de soporte y la no obtención de las licencias y permisos ambientales requeridos" durante la fase previa del proyecto.

Asimismo, el ente de control indaga si existieron faltas en el control de las obras y en la ordenación de los recursos públicos, entendiendo que, la entidad evalúa "posibles anomalías en la ejecución física de los trabajos y la posterior autorización de pagos", en los cuales se habrían desembolsado valores que aparentemente no guardan correspondencia con el avance real del proyecto.

Igualmente, las conductas investigadas fueron calificadas de manera provisional por la Procuraduría Provincial de Instrucción de El Banco (Magdalena) "como gravísima a título de culpa gravísima".

Por ahora, durante el avance del trámite, los exfuncionarios procesados "cuentan con las garantías procesales y el derecho a presentar sus argumentos y las pruebas que consideren pertinentes" para ejercer su defensa conforme a la ley.