Tras una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, la justicia ordenó a la Gobernación de Bolívar, a su Secretaría de Educación y a la Alcaldía Municipal de Córdoba ejecutar en un plazo no superior a dos meses los arreglos presupuestales, logísticos y técnicos requeridos en la Institución Educativa Oswaldo Ochoa Becerra.

La decisión judicial busca poner fin a las deficiencias operativas de una infraestructura moderna que ni siquiera ha cumplido dos años en funcionamiento, luego de ser entregada formalmente por el gobernador Yamil Arana el 5 de marzo de 2025 para atender a más de 800 estudiantes de cuarto a undécimo grado en los Montes de María.

El fallo de segunda instancia, emitido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de El Carmen de Bolívar el 19 de agosto de 2026, les otorga 15 días a las entidades para definir el marco legal y financiero, y 30 días adicionales para coordinar la logística de las obras.

La medida responde a una serie de fallas estructurales documentadas por la Defensoría desde julio de 2025, cinco meses después de su entrega, cuando se evidenció que la sede principal carece de conexión a la red eléctrica comercial debido a que el cuarto técnico no cumple con las exigencias normativas de la empresa Afinia.

El Juzgado dio un plazo máximo de dos meses para solucionar la falta de fluido eléctrico y el deterioro de las baterías sanitarias.Crédito: Cortesía Defensoría del Pueblo

Para suplir el servicio, el plantel ha dependido de una planta generadora a combustible que, al quedarse sin insumo, ha obligado a suspender las jornadas escolares por las altas temperaturas. A esto se suma el estado insalubre de las unidades sanitarias, las cuales presentan cubículos sin puertas y lavamanos frágiles.

La acción defensorial escaló a los estrados judiciales luego de que los requerimientos administrativos hechos a la Alcaldía de Córdoba y a la Gobernación desde finales de 2025 no arrojaran soluciones concretas.

Aunque una primera decisión en julio de 2026 solo ordenó crear una mesa de diálogo, la Defensoría impugnó el dictamen hasta lograr que la segunda instancia fijara tiempos perentorios e impositivos para garantizar condiciones dignas de bioseguridad, salubridad y energía a la comunidad estudiantil de los Montes de María.