La polémica por el futuro de las facturas de energía en la Costa Caribe continúa. En las últimas horas se conoció que a Sección Primera del Consejo de Estado dejó en firme la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y al Ministerio de Minas y Energía revisar y reestructurar de manera urgente la fórmula tarifaria del servicio de energía eléctrica aplicada en la región Caribe del país.
Dicha acción popular fue promovida inicialmente por las Personerías Distritales de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, a las cuales se sumaron como coadyuvantes diversas entidades del orden local y gremial, entre ellas la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Montería, la Coordinadora para la Defensa de los Usuarios de Servicios Públicos, la Alcaldía de Barranquilla, y la Gobernación del Atlántico, entre otros.
Decisiones del Consejo
El Consejo de Estado ordenó mantener e implementar de manera inmediata las siguientes disposiciones dirigidas a las autoridades reguladoras e intervinientes:
- Convocatoria a Audiencia Pública e Integración Caribe: La CREG deberá organizar una audiencia pública y sesión de trabajo con la presencia obligatoria del Ministerio de Minas y Energía, los alcaldes, gobernadores y parlamentarios del Caribe, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los operadores (Air-e y Afinia), gremios de distribuidores y representantes de los usuarios.
- Revisión del Indexador e Impactos: También debe evaluarse el impacto socioeconómico de las Resoluciones CREG 010 de 2020 y 078 de 2021. La Comisión deberá desvincular el Índice de Precios al Productor (IPP) en los componentes regulados e indexarlos al Índice de Precios al Consumidor (IPC), reestructurando los componentes de restricciones y pérdidas eficientes.
- Inicio de Actuación Administrativa para Reducción Tarifaria: Finalizada la audiencia pública, la CREG y el Ministerio de Minas deberán tramitar una actuación administrativa que culmine en la expedición de actos regulatorios orientados a reducir directamente la tarifa final pagada por los usuarios en la Costa Atlántica.
Cabe mencionar que tanto la CREG, el Ministerio de Minas, como los gremios de la energía y las empresas EPM y Air-e interpusieron recursos argumentando que estas medidas afectan la suficiencia financiera de las empresas, la libertad de empresa y la estabilidad operacional del mercado. Pese a lo anterior, el tribunal desestimó dichos reclamos al sostener que las empresas no demostraron haber realizado las inversiones en infraestructura o logrado reducir efectivamente las pérdidas antes de realizar los traslados de cobros a las facturas del servicio.
Apoyo del Consejo
El alto tribunal explicó su apoyo a dicha propuesta argumentando que si bien la legislación y el régimen tarifario de los servicios públicos admiten la recuperación de costos e inversiones de las Empresas de Servicios Públicos, ESP, este reconocimiento debe estar atado al cumplimiento estricto de metas de calidad, eficiencia en la prestación e inversiones previas y efectivas en infraestructura.
"No se puede autorizar el cobro preventivo a los usuarios sin la ejecución previa de las obras ni una disminución real de las pérdidas. Las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente", añadió la autoridad.
Detalles de la demanda
Los demandantes entregaron estudios técnicos cómo el Costo Unitario, CU, donde detallaban que al parecer el servicio de energía tuvo un incrementó de forma considerable en esta zona del país, a raíz de la implementación del régimen transitorio especial fijado por el Gobierno Nacional y la CREG tras la salida de Electricaribe y la entrada de los nuevos operadores (Air-e y Afinia).
"Desde la expedición del régimen transitorio especial en materia tarifaria para el Caribe (Resoluciones CREG 010 de 2020 y 078 de 2021), las tarifas cobradas por las empresas operadoras Air-e y Afinia registraron incrementos acumulados que bordearon entre el 39% y el 50% entre 2021 y 2022. De acuerdo con reportes presentados por el DANE, ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Riohacha reportaron incrementos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de electricidad significativamente superiores al promedio nacional", añadió la Alcaldía de Cartagena por medio de un comunicado oficial.
Según las autoridades, esto significa que parte de los costos generados por las pérdidas de energía y por inversiones que no se hicieron a tiempo, terminaron reflejándose en las facturas de los usuarios que sí pagan el servicio.