La empresa de energía Afinia, del Grupo EPM, anunció que está cerrando el contrato de servicio con Acuacor, la entidad encargada de llevar el agua a los municipios de Santa Catalina y Clemencia, al norte de Bolívar.
Según indicó la electrificadora, esta decisión fue tomada debido a una deuda acumulada que supera los 3.900 millones de pesos y a fallas graves en la forma en que el operador se conecta a la red eléctrica.
De acuerdo con Afinia, el proceso no solo tiene que ver con el dinero que no se ha pagado, sino con un tema de seguridad y legalidad. Durante varias revisiones, técnicos de la empresa encontraron que el operador del acueducto instaló y puso a funcionar transformadores de energía sin permiso, sin contratos y sin cumplir con las normas de seguridad que exigen las leyes colombianas.
¿Qué riesgos corren los usuarios?
filial del Grupo EPM explicó que la instalación de estos equipos de forma irregular no es solo un trámite administrativo; representa un peligro real para la estabilidad de la luz en la zona, señalando puntualmente que estos transformadores "ilegales" pueden causar cortocircuitos o daños en el sistema que terminen afectando a todos los vecinos de estos municipios.
Incluso, la empresa informó que intentó quitar uno de estos equipos que no cumplía con las normas técnicas para proteger el sistema, pero no pudo hacerlo porque se presentaron impedimentos durante el trabajo de los operarios.
" En cumplimiento al deber legal, y en común acuerdo con la Gerencia de ACUACOR y las alcaldías en reunión sostenida el 12 de febrero de 2026, Afinia trató de ejecutar el desmonte de uno de los transformadores ilegales de 150 kVA, equipo que no cumple con la normativa RETIE y que representa un riesgo para los usuarios. No obstante, la diligencia no pudo ejecutarse debido a impedimentos presentados durante el procedimiento operativo", señaló la electrificadora.
Deudas sin acuerdos de pago
En la parte económica, el panorama es aún más complejo. De los más de 3.900 millones de pesos que debe Acuacor, unos 3.094 millones vienen de recibos de años anteriores que nunca se cancelaron.
La empresa de energía señaló que, “no se han recibido soluciones integrales por parte de las administraciones municipales de Clemencia y Santa Catalina, cuyos habitantes se benefician del servicio público de acueducto operado por Acuacor”.
¿Qué sigue ahora?
Actualmente, el caso está en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la autoridad que debe decidir sobre la apelación que presentó Acuacor.
Por ahora, Afinia mantiene su posición de actuar con firmeza frente a la ilegalidad para cuidar a los clientes que sí pagan a tiempo y asegurar que el servicio de energía sea seguro para todos.