La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelanta una investigación para establecer si en el predio La Cocotera, ubicado en las Islas del Rosario, se realizaron modificaciones estructurales y se desarrolló una actividad turística sin autorización sobre un bien que pertenece a la Nación.
La actuación administrativa se inició tras una inspección ocular realizada por la entidad en el inmueble, donde busca verificar una presunta ocupación irregular del terreno y el origen de las adecuaciones ejecutadas en el lugar.
¿Se podía operar un hotel en este predio?
Según conoció Alerta Bogotá tras consultar con la ANT, cualquier construcción o intervención en un predio de propiedad del Estado requiere autorización previa de la entidad administradora. Por esa razón, la Agencia investiga quién realizó las modificaciones estructurales y bajo qué condiciones se efectuaron las inversiones.
La entidad también explicó que el terreno fue entregado en el pasado a algunos habitantes nativos como parte de un programa de restitución de tierras. Sin embargo, precisó que ese beneficio estaba dirigido exclusivamente a los beneficiarios del programa y no contemplaba que terceros desarrollaran actividades comerciales o explotaran económicamente el predio.
La ANT advierte sobre posibles consecuencias administrativas
De establecerse la responsabilidad sobre esas intervenciones, la persona o empresa que las ejecutó no adquiriría derechos sobre el inmueble por haber realizado las obras. Por el contrario, tendría que asumir el pago de un canon de arrendamiento por el uso del predio, que podría alcanzar los 13 millones de pesos mensuales, según explicó la entidad.
Durante la diligencia, la ANT también señaló que, pese a haber advertido previamente sobre la prohibición de operar en el predio mientras avanza el proceso administrativo, el operador turístico Coco Beach continuó trasladando visitantes hasta el lugar, incumpliendo las instrucciones impartidas por la autoridad.
La entidad agrega que durante la inspección algunos miembros de la comunidad y trabajadores vinculados al operador turístico intervinieron en la diligencia, situación que, según la Agencia, dificultó el desarrollo del procedimiento administrativo. Asimismo, la ANT reiteró que las adecuaciones e inversiones realizadas sin autorización sobre el predio no modifican su condición jurídica ni generan derechos de propiedad sobre el bien, al tratarse de un terreno perteneciente a la Nación.
La investigación continuará para determinar el origen de las obras ejecutadas en La Cocotera y establecer las medidas administrativas a que haya lugar, mientras la Agencia insistió en que las decisiones sobre bienes públicos deben respetarse y que el incumplimiento de las disposiciones legales puede dar lugar a las sanciones previstas en la ley.