Este lunes, 25 de mayo, se conoció que un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer de 23 años, señalada como presunta responsable de instrumentalizar a su hija menor de edad con fines de explotación sexual.
El caso, que ha generado indignación en la capital bolivarense, según la Fiscalía fue esclarecido tras a la cooperación judicial internacional.
De acuerdo con el boletín oficial emitido por el ente acusador, la investigación se originó tras una alerta internacional de alta prioridad.
"Una alerta emitida por la embajada de los Estados Unidos, luego de que en diciembre de 2025 fuera capturado en Medellín (Antioquia) un ciudadano de ese país permitió encontrar en sus dispositivos electrónicos abundante material audiovisual en el que aparece una menor de edad, y que era compartido en redes sociales", detalló el reporte de la seccional Bolívar.
Según se conoció, el trabajo coordinado con las autoridades estadounidenses permitió determinar que, entre mayo y noviembre de 2025, el extranjero sostuvo conversaciones desde Cartagena con la hoy procesada. Al parecer, el objetivo de estas interacciones era acordar el envío de archivos íntimos donde aparecía la pequeña hija de la mujer.
Según el material probatorio presentado por una fiscal de la Seccional Bolívar, la madre "aceptó dichas prácticas en, al menos seis ocasiones en las que habría compartido fotografías y videos a cambio de dinero".
La captura
La detención de la investigada se hizo efectiva el pasado 28 de abril en el barrio La Castellana de Cartagena, mediante una orden judicial ejecutada por uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional.
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó formalmente una serie de delitos de extrema gravedad:
- Pornografía con menor de 18 años agravada.
- Acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
- Actos sexuales con menor de 14 años.
- Demanda de explotación sexual.
Sin embargo, a pesar de la contundencia de los elementos presentados, la mujer no aceptó los cargos imputados. No obstante, el juez determinó que debido a la gravedad de los hechos y para salvaguardar la seguridad de la víctima, la procesada deberá enfrentar el juicio desde un centro de reclusión carcelario.