El más reciente informe de la Fiscalía reveló que, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirmó la sentencia condenatoria contra tres individuos vinculados al desfalco de la administración municipal de Montecristo, en el sur de Bolívar.
El fallo ratifica la responsabilidad de Atilano Ismael Villadiego Contreras, que se desempeñó como tesorero de la población, en los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, imponiendo una pena de 15 años de prisión.
La decisión judicial también alcanza a los particulares Iván Darío Bermúdez López y Carlos Alberto Yepes Macías. El primero deberá cumplir una condena de 9 años de cárcel, mientras que el segundo fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión, ambos bajo el cargo de peculado por apropiación.
La investigación determinó que los hechos ocurrieron durante el último trimestre del año 2015. En ese periodo, el Sistema General de Regalías transfirió al municipio de Montecristo la suma de 3.025 millones de pesos.
Estos recursos estaban destinados por ley a la ejecución de tres proyectos de infraestructura específicos: la remodelación del polideportivo municipal, la construcción de andenes en el corregimiento de Puerto España y el desarrollo del sistema de electrificación en el corregimiento de Regenta.
La Fiscalía demostró que Villadiego Contreras transfirió 2.000 millones de pesos de los fondos públicos a cuentas bancarias de ciudadanos particulares que carecían de relación contractual con la alcaldía. En esta operación, Bermúdez López y Yepes Macías actuaron como intermediarios para facilitar el retiro y la dispersión del capital desviado.
Además de las penas privativas de la libertad, el Tribunal Superior estableció multas proporcionales a la participación en el ilícito. Villadiego Contreras deberá pagar 2.056 millones de pesos; Bermúdez López, 1.567 millones de pesos; y Yepes Macías, 180 millones de pesos.
La sentencia incluye la inhabilitación permanente de los tres condenados para ejercer cargos públicos o suscribir contratos con el Estado colombiano. Los sentenciados permanecen bajo custodia de las autoridades competentes para el cumplimiento de las penas impuestas en centros carcelarios.