La Procuraduría 3 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena decidió coadyuvar la Acción Popular que busca la protección de derechos colectivos presuntamente afectados por la proliferación de cableado aéreo colocado de manera desordenada, suelto o en desuso en diferentes barrios de la ciudad, una situación que los demandantes, describen como “telarañas” de cables, en referencia a la acumulación y entrecruzamiento de redes en postes de energía.
La demanda plantea que estas condiciones estarían generando afectaciones al espacio público, contaminación visual y posibles riesgos para peatones, vehículos y bienes, especialmente por la presencia de redes a baja altura, cables abandonados y situaciones de proximidad entre redes de telecomunicaciones y eléctricas.
La intervención del Ministerio Público se produjo después de que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena admitiera la demanda mediante el Auto Interlocutorio No. 0675 del 11 de agosto de 2026. La Acción Popular fue presentada por la Veeduría Ciudadana Instrumento Popular, con la participación de la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena (VEJUCA) como coadyuvante, contra siete empresas, Caribemar de la Costa (Afinia), Ufinet, ETB, Claro, Tigo, Movistar y DirecTV. En el proceso también fueron vinculados el Distrito de Cartagena y la Personería Distrital, además del Ministerio Público.
Procuraduría respaldó que se analice integralmente el problema
En un documento enviado al juez, la procuradora 03 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena, Mayelis Chamorro Ruiz señaló que la intervención del Ministerio Público resulta pertinente por la naturaleza de los derechos colectivos involucrados y por las circunstancias descritas en la demanda.
Entre los derechos invocados están el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, el acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos, la prevención de desastres previsibles técnicamente, el desarrollo urbano ordenado y el goce y defensa del espacio público.
Uno de los aspectos destacados por la Procuraduría es que el proceso no debería limitarse a determinar quién es propietario de los cables o de la infraestructura. Para el Ministerio Público también será necesario establecer qué obligaciones corresponden a cada empresa y cuáles son los deberes del Distrito en materia de regulación, vigilancia, control y protección del espacio público.
Sin embargo, la Procuraduría aclaró que estas circunstancias deben ser objeto de análisis dentro del proceso y que no implican, por sí mismas, una conclusión sobre la responsabilidad de las empresas o entidades involucradas.
La demanda busca intervenir el cableado en Cartagena
Entre las zonas señaladas en la demanda por la presencia de este cableado aéreo desorganizado se encuentran Barrio España, Crespo, Manga, Bruselas, El Carmelo, Blas de Lezo y sectores del Centro Histórico. Los accionantes solicitan, entre otras medidas, la elaboración de un plan integral para identificar y retirar cables en desuso, el retiro de sobrantes y el tensionado de redes colgantes, así como la identificación visible de los cables y la eliminación de las denominadas “telarañas”.
También plantean estudios de viabilidad para una transición progresiva hacia redes subterráneas o inalámbricas, con prioridad en el Centro Histórico, además de mecanismos de coordinación permanente entre las empresas y el Distrito.
La demanda señala que durante 2025 se realizaron derechos de petición y solicitudes de mesas técnicas relacionadas con la problemática del cableado. Sobre este antecedente, Erick Urueta Benavides, representante de la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena (VEJUCA), explicó a La FM que inicialmente buscaron obtener respuestas de las empresas antes de acudir a los tribunales.
“Nosotros habíamos presentado acciones de tutela porque no queríamos colapsar el sistema judicial. Nosotros le presentamos derechos de petición a las empresas de telecomunicaciones, también solicitamos reuniones con los gerentes, pero estos realmente no nos daban una solución efectiva frente al tema”, afirmó el veedor.
¿Qué viene ahora en el proceso?
Con la admisión de la Acción Popular, las empresas cuentan con 10 días, contados desde el día siguiente a la notificación, para contestar la demanda y solicitar la práctica de pruebas. El Ministerio Público también planteó que, si durante el proceso se comprueba la amenaza o vulneración de derechos colectivos, las eventuales medidas deben incluir mecanismos permanentes de coordinación, identificación, mantenimiento, retiro y control del cableado entre el Distrito, las empresas responsables y las demás autoridades competentes.
No obstante, la coadyuvancia de la Procuraduría no constituye una decisión de fondo ni determina por anticipado la responsabilidad de los demandados. Esa discusión deberá resolverse dentro del proceso judicial con base en las pruebas que sean recaudadas.