Un juez de conocimiento sentenció a 17 años de prisión a un hombre de 26 años tras hallarlo responsable del delito de acceso carnal violento en concurso con las agresiones cometidas contra una menor de 16 años en la capital de Bolívar.
De acuerdo con el material probatorio presentado por una fiscal especializada del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), los hechos ocurrieron de manera continuada entre junio de 2021 y mayo de 2022.
La investigación determinó que el procesado aprovechó la relación de cercanía con la víctima para someterla a agresiones sexuales acompañadas de intimidación y violencia psicológica.
Asimismo, la Fiscalía demostró que el sentenciado obligaba a la adolescente a fotografiarse y grabarse en situaciones íntimas. Dichos archivos eran utilizados posteriormente para chantajear a la menor y forzarla a continuar sometiéndose a los vejámenes, bajo la amenaza de difundir el material a sus familiares o publicarlo en redes sociales.
El agresor había sido capturado por las autoridades el 13 de octubre de 2022 en el barrio El Prado de Cartagena. Además de la condena a pena privativa de la libertad, el fallo judicial incluyó la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo equivalente al tiempo de la sentencia.
Contra la decisión de primera instancia proceden los recursos de ley correspondientes.
Otras sentencias
Un hombre identificado como José Raúl Sabalza Cortés fue capturado en Cartagena y quedó privado de la libertad por su presunta participación en la circulación de material de abuso sexual infantil, según informó la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la investigación, Sabalza Cortés habría utilizado una aplicación de mensajería para recibir y compartir archivos de contenido sexual en los que estarían involucrados menores de edad.
La captura desde Cartagena hace parte de una investigación más amplia adelantada por la Fiscalía, en conjunto con la Dijín de la Policía Nacional y autoridades de España, que permitió identificar a varias personas que estarían relacionadas con la producción, almacenamiento y distribución de este tipo de material.
En el marco de esta primera investigación también fue capturado en Pitalito, Huila, Leonardo Muñoz Claros, quien es señalado de haber distribuido más de 1.200 videos de contenido sexual que involucrarían a menores de edad, pero la misma investigación se extendió a otros puntos del país. En Armenia, Quindío, las autoridades ubicaron a una mujer que presuntamente habría realizado grabaciones de agresiones sexuales contra su propia hija cuando la niña tenía aproximadamente un año.
De igual manera, una alerta de las autoridades de seguridad de Estados Unidos permitió detectar en Soacha, Cundinamarca, un teléfono desde el que presuntamente se distribuía material de abuso sexual infantil. El propietario del dispositivo también es señalado de abusar sexualmente de su hijastra, una niña de siete años, y de registrar en fotografías y videos las agresiones.
En total, cuatro personas fueron judicializadas por estos hechos. La Fiscalía les atribuyó diferentes delitos relacionados con la explotación y abuso sexual de menores, de acuerdo con la responsabilidad que tendría cada uno dentro de las investigaciones.
Cabe mencionar que ninguno de los procesados aceptó los cargos,sin embargo, por decisión de jueces de control de garantías, los señalados deberán permanecer en prisión mientras avanzan los procesos judiciales.